“Llámese plebiscito o referendo, eso es inane, intrascendente. La refrendación carece de importancia a estas alturas porque lo que acordó el Gobierno fue que antes de consultarse con el pueblo, el solo hecho de la firma da efectos jurídicos. Basta con que el Gobierno firme con las FARC para que existan inmediatos efectos. El Estado colombiano se obliga internacionalmente porque de inmediato se deposita eso en Naciones Unidas. ¿Para qué le dicen mentiras a la opinión pública diciendo que la última palabra la tendrá el pueblo?”, manifestó hoy, desde la ciudad de Medellín (Antioquia), el Procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

Preguntado por periodistas sobre el “acuerdo especial” alcanzado por guerrilla y Gobierno la semana anterior, el jefe del Ministerio Público reiteró que sea cual sea el mecanismo de refrendación que se aplique frente a los pactos de La Habana (Cuba), los efectos jurídicos ya se habrán confirmado y la sociedad votará, pero no decidirá nada.   

“No importa la forma de refrendación para lo que han pactado, ni importa el reconocimiento de la institucionalidad, del Congreso o de la Corte Constitucional, porque el primer acto es que la firma del acuerdo tendrá efectos. Basta con que lean los puntos quinto y sexto del comunicado de la semana anterior (…) Las FARC no se someten a la institucionalidad. El Estado, la Constitución y el Gobierno se están sometiendo a las FARC”, expresó.

El jefe del órgano de control también explicó el concepto presentado por la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional frente al proyecto de ley del denominado “plebiscito por la paz”, recordando que es una función de la Entidad pronunciarse en esta y otras materias en defensa del ordenamiento jurídico y en representación de la sociedad. 

“Se trata de un plebiscito que no es idóneo para modificar las normas constitucionales.  Tal como fue diseñado, es un plebiscito más autoritario que democrático porque no se puede restringir el derecho de los ciudadanos a un ‘sí o no’ frente a tan variados temas que se plantan en los acuerdos de La Habana. Se pretende darle efectos de referéndum cuando realmente no tiene la fuerza o la posibilidad jurídica de modificar nuestro ordenamiento constitucional”.

Preguntado sobre su supuesta participación en política en esa materia, fue contundente al recordar sus deberes y la forma en que los cumple. “Claro que estoy emitiendo conceptos. Es mi obligación constitucional. A la Procuraduría le corresponde, como representante de la sociedad, conceptuar ante la Corte Constitucional respecto a los procesos que allí se tramiten en materia de control de constitucionalidad. No se está haciendo ningún juicio de valor, no se está afirmando respecto a si se está de acuerdo o no con el plebiscito, sino que se está afirmando que el instrumento, la figura escogida no es la idónea de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional”.

El procurador anunció que la entidad que preside continuará ejerciendo funciones, sobre todo después de un eventual acuerdo final entre Gobierno y FARC, y puntualizó la solicitud formulada a la Cámara de Representantes, el día de hoy, a través de comunicación escrita.  

“Una vez se firmen los acuerdos, a la Procuraduría le corresponde hacer pedagogía, explicando en qué consiste el acuerdo, qué fue lo que se pactó, porque el ciudadano debe estar bien informado. No puede votar en un sentido o en otro sin estar bien informado”.

“Le estoy pidiendo a la Cámara de Representantes que convoque a una audiencia pública y advirtiéndole que la Constitución solo puede ser reformada por el referendo, el acto legislativo o por la Asamblea Constituyente. Que no puede el Congreso endosar unas competencias al Gobierno y a las FARC para que modifiquen ellos la Constitución”, dijo.

Frente a la polémica desatada por los impedimentos que tendrían algunos funcionarios públicos para participar políticamente en materia de plebiscito, el procurador Alejandro Ordóñez reiteró la necesidad de una ley estatutaria que ofrezca claridad en este punto. 

“Lo que disciplinariamente se prohíbe es la participación en política partidista y en temas de carácter electoral. Lo que hay que determinar es si el plebiscito, de realizarse, es un tema electoral o partidista. Las limitaciones que tiene el funcionario de participar en política están consignadas en la Constitución y deben definirse en una ley estatutaria. Debe existir en una ley estatutaria claridad en esas materias”, concluyó.